Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo seguirá en el centro de la polémica durante un par de semanas más luego de que se informara que junto con el UD Almería, recibieron una millonaria demanda. El proceso legal tuvo origen desde el Brasileirao, pues un club de dicho país interpuso la querella por un supuesto incumplimiento de pagos por el traspaso de un jugador.
Cabe recordar que fue el 26 de febrero del 2026 cuando se informaba que CR7 se convertía en accionista del club español, haciéndose de un 25 por ciento del total del mismo a través de la filial CR7 Sports. Ronaldo afirmó que eligió dicho equipo para invertir su dinero por las bases sólidas y el potencial de crecimiento que tiene proyectado en años próximos.
Solo pudo transcurrir un poco más desde que Cristiano asumió su rol como inversionista del UD Almería cuando le llegó el primer problema, el cual le podría costar un par de millones de euros. Desde los mismos medios oficiales del Flamengo, uno de los clubes más importantes de la Primera División del futbol brasileño, trascendió que se había comenzado un proceso legal sobre el modesto equipo español.
El ‘Mengao‘ interpuso una demanda por una cifra que superaría los dos millones de dólares. Dicho proceso correspondería a un supuesto incumplimiento en un pago por la transferencia de Lázaro Vinicius, que actualmente juega para el Al-Najma de la Saudi Pro League.
Flamengo expresa públicamente su vehemente repudio a la conducta adoptada por el club español UD Almería, por incumplimiento de una obligación contractual asumida en el traspaso del jugador Lázaro, realizado en agosto de 2022″.
Mediante el comunicado se estableció que la deuda comenzó hace poco menos de 600 días y se ha incrementado a tal punto que alcanza la cifra antes mencionada. “El club ha acumulado una deuda estimada en más de 1.8 millones de euros“.
De manera inmediata se tuvo una respuesta por parte del equipo español, donde se estableció que esperarán la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, añadiendo que esto se realizó para influir en un proceso que ya está en curso. “Es incompatible con los principios de buena fe procesal y de igualdad de las partes“.
Fuente: Tribuna del Yaqui
