Ciudad de México.-El pasado viernes 19 de agosto cerca del mediodía, elementos de laFiscalía General de la República(FGR) en conjunto con laSecretaría de Marina(Semar), detuvieron al exprocuradorJesús Murillo Karamen las inmediaciones de su residencia en lacolonia Lomas de Chapultepecen la alcaldía Miguel Hidalgo y, aunque se hizo énfasis en que éste no puso resistencia, durante su primer audiencia sucedida el pasado sábado 20 de agosto se reservó su derecho a declarar, por lo que se mantendrá preso en el Reclusorio Norte de la capital, al menos hasta el miércoles 24 del mismo mes, cuando se retomen las acciones respecto a este proceso penal.
Cabe destacar que luego de 12 horas de audiencia en el sitio antes mencionado ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, el juez de controlMarco Antonio Fuerte Tapiainterpuso esta medida cautelar debido a que el exfuncionario, el cual se desempeñó como parte de la administración deEnrique Peña Nieto, es señalado por delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y tortura; este último contra un total de seis miembros de un grupo delictivo a quiene obligó a dar declaraciones con la intención de ofrecer una teoría relacionada con la desaparición de los43 estudiantes de la Normal Isidro Burgosde quienes no se sabe nada desde el pasado 26 de septiembre del 2014.
“Murillo Karam, como titular de la PGR, ordenó actos de tortura para obtener confesiones e impidió que los familiares de los 43 normalistas tuvieran acceso a la información y presentó videos de supuestas confesiones para seguir un libreto de actores y pruebas y narrativas que se conoció como la verdad histórica”, destacó la FGR en audiencia.
Cabe destacar que en la audiencia en contra del exprocurador, también se señaló que él estuvo involucrado enobstaculizar la obtención de informacióna los padres de los estudiantes desaparecidos, algo por lo que se dijo, Murillo Karam fue “conclave” para crear la denominada “verdad histórica” donde también se señala la participación deJosé Luis Martínez, delegado de la PGR en Guerrero, yCarlos Gómez Arrieta, titular de la Policía Federal Ministerial, por mencionar algunos. De hallarse culpable por los delitos que se le imputan, se ha mencionado que el exprocurador podría alcanzar una pena de hasta72 años de cárcelde los que 50 son por el delito de desaparición forzada, aunque dicha pena podría ser como mínimo de 31 años tras las rejas.
“De ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura, que tanto daño hizo a las familias de los normalistas”, destacaron los padres de los estudiantes desaparecidos.
Fuente: Tribuna
