Pachuca, Hidalgo.-De acuerdo con el reporte deIncidencia Delictiva del Fuero Común 2022, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se detalló quede enero a agosto de este añose iniciaron323 carpetas de investigaciónen materia dedelitos cometidos por servidores públicosante la Procuraduría General de Justicia delEstado de Hidalgo(PGJEH), tan sólo losúltimos ocho meses de la administración anterior.
Lo anterior, representóun incremento en el número de carpetasiniciadas, en comparación con las cifras del mismo periodo, pero de 2021, cuando se iniciaron sólo 267 carpetas. Este año se sumaron 56 carpetas, tan sólo en enero se registraron en la Procuraduría del estado42 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos; en febrero sumaron 40; en marzo 43; en abril 47; en mayo 39; en junio 33; en julio 43 y en agosto 36 carpetas.
Al respecto, elGobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazardetalló que se detectó una red de corrupción en seis municipios en dondese registró el desvío de recursos por más de 200 millones de pesos, aunque esta sería “solo la punta del iceberg”, dijo el mandatario, pues los presidentes municipales también habrían participado con moches y aparentes gastos para Covid-19, caminos y plantas de tratamiento de agua que no funcionan, aunque no reveló los nombres de los implicados, aunque dos son de la región de la Huasteca.
De acuerdo con elCódigo Penal del Estado de Hidalgose establece que se impondrá unapena de seis meses a cinco años de prisión, así como unamulta de de 20 a 150 díasal servidor público que en pleno desempeño de sus funciones, cargo o comisión, otorgue indebidamente por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permiso, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos.
Los anterior, ya sea en beneficio del propio servidor público, su cónyuge, ascendientes o descendientes, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o socios o sociedades de la que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. Ovaliéndose de la información que poseapor razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto indebido que le produzca algún beneficio económico al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la fracción anterior.
Fuente: Tribuna
