Ciudad de México.-“Son tiempos difíciles para los juzgadores del país”, advirtióNorma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en marzo pasado; había sufrido durante semanas los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde sus conferencias matutinas, así como de las huestes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), más virulentas que aún que el cada vez más agresivo mandatario.
Y tenía razón Piña. A partir de entonces, los integrantes delPoder Judicial de la Federación, así como varios poderes judiciales en los estados, han quedado bajo el fuego del partido oficial y de sus seguidores, que insisten en achacarles muchas de las fallas que tienen tanto el país como las entidades. De marzo a la fecha, cada que le ha sido posible, Piña ha pedido a sus pares que se mantengan estoicos y, sobre todo, “salvaguarden la Constitución, con independencia”.

Por su parte, el presidente López Obrador insiste en la idea de que el Poder Judicial está corrompido y al completo, lo que pone en jaque a su gobierno y a la nación; sin prueba alguna, el mandatario acusa a Piña (también presidente del Consejo de la Judicatura Federal), de dejar vía libre a los jueces corruptos.
Es parte de la decadencia del poder judicial. No se ha podido reformar ese poder, que viene del antiguo régimen. Ojalá el poder judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar había un poquito más de vigilancia sobre los jueces; ahora que llegó la nueva ministra se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, dijo el mes pasado.
Como buenos compinches que sólo desean satisfacer a su líder, varios legisladores federales, incluyendo Alejandro Armenta, presidente de la Cámara de Senadores, presentaron propuestas para reformar al Poder Judicial.
Básicamente, los morenistas pretenden que los actuales miembros de laSuprema Cortesean removidos y sustituidos por otros, seleccionados mediante el voto popular, algo nunca antes visto. “Hay mucha corrupción ya, esto es ya inadmisible, no se puede seguir con un Poder con este tipo de cuestiones; hay que cambiarlo, hay que modificarlo para que vuelva a ser del pueblo, para que realmente tenga esa legitimidad”, explicó Armenta.
Ataques
“Los ataques a la seguridad física y a la integridad de los jueces son muy graves, pero los ataques a la independencia judicial y al trabajo de los jueces son igualmente graves, porque no necesitan afectar la integridad física de alguien para hacer una amenaza o para tenerlo intimidado”, dijo Jaime Chávez Alor, director de Políticas paraAmérica Latina del Vance Center for International Justice.
Chávez hace referencia a que, derivado de los ataques verbales a los jueces, las agresiones físicas se han incrementado, a la par de amenazas por redes sociales y en persona para los magistrados de todo el país.
Permea hacia todas las instancias judiciales en el País. Y creo que la narrativa en contra de los jueces se está trasladando de las palabras a los ataques físicos y eso demerita nuestra democracia y afecta la división entre los poderes”, explica Estefanía Medina, directora de “Tojil, estrategia contra la impunidad”.
Cabe destacar que, de acuerdo con los datos del mismo Poder Judicial, en trece años no se ha logrado sentencia alguna en contra de agresores de jueces en el país.
Veracruz
El último embiste mediático en contra de un juez ocurrió en Veracruz.Cuitláhuac García, uno de los gobernadores más radicales con los que cuenta el presidente para que apoyen sus actos más descabellados, embistió con toda su fuerza en contra de Angélica Sánchez, jueza que dictó sentencias que no le parecieron al mandatario estatal.
Sánchez, detenida como si fuese un delincuente peligroso, recibió un año de prisión preventiva, sin mayor argumento que una acusación de haberse corrompido en los casos citados; ante esto, el Centro Prodh aseguró que “La detención de la jueza Angélica Sánchez por la Guardia Nacional militar es un grave atentado contra la independencia judicial; además, evidencia que la retórica del presidente contra los jueces sí tiene consecuencias”.
Fuente: Tribuna