Ciudad de México, México.-A unos días de que se realice laelección judicialdel próximo domingo 1 de junio, se ha denunciado a personas presuntamente contratadas para repartir guías impresasque sugieren cómo votar, estaríanrecibiendo pagos por parte del gobiernode Ciudad de México, lo cual podría ser una forma de coacción oinducción del voto para los ciudadanos.
Dicha información fue revelada porMiriam Moreno, periodista y colaboradora del noticiero deCiro Gómez Leyva, documentó en video cómo varias personasdistribuyen los volantesen las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Mediante las imágenes compartidas porMiriam Moreno, se observa a una mujer que, durante una entrevista, explica que su trabajo consiste enentregar cerca de mil volantes diariamente, conocidos como‘acordeones’; como parte de su actividad, debetomar una fotografía a cada unade las personas que recibe el volante, para comprobar que el material fue distribuido correctamente.
Durante el video, la mujer explica que‘es el acordeón para las votaciones’y cuando se le pregunta quién paga por realizar estas actividades en el Centro Histórico, responde:‘el gobierno, 100 pesos, y tenemos que tener fotos de que los entregamos’. El material impreso contiene una guía de votación parcial, en la quepromueven las candidaturas del partido Morena.
Tras la situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra analizando las medidas; según la información preliminar, la Unidad de lo Contencioso Electoral, presentó un proyecto ante el Consejo General del organismo en el que se proponesuspender la elaboración y distribuciónde estas guías.
Lo anterior, para evitar que estas prácticasvulneren o atenten contra el derecho al voto librey secreto, así como para proteger la neutralidad electoral, sobre todo, en una elección tan sensible como la de cargos alPoder Judicial, como jueces, magistrados y ministros.
Ante esta situación, se espera que elINEresuelva el asunto a la brevedad, mientras que se ha exigido unainvestigación rigurosa y a fondosobre el presunto financiamiento público de esta campaña que, de confirmarse, podría constituir unaviolación gravea la legislación electoral vigente.
Fuente: Tribuna
