Ciudad de México.- El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada solicitó que consideren medidas destinadas a apoyar al Gobierno de México en la prevención y erradicación de este delito, perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad, citando como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de seis mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados.
Por su parte, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el informe, al considerar que presenta un enfoque tendencioso y no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones. Asimismo, las autoridades señalaron que los argumentos del organismo internacional no coinciden con la definición de desaparición forzada establecida por el propio comité, ni reflejan los avances institucionales alcanzados desde 2019 y, en particular, a partir de 2025.
ONU: Desapariciones en México podrían ser crimen de lesa humanidad; SRE rechaza informe
Según la SRE, el procedimiento de la Convención Internacional fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Además, el informe se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, por lo que la decisión es parcial y sesgada.
Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas, incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra de México”, mencionó la SRE.
El Gobierno de México reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y defendió las reformas legislativas e institucionales implementadas recientemente. Entre ellas, destacó la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República.
Para concluir, se reafirmó la disposición a mantener la cooperación con organismos internacionales, pero subrayó que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país. Así como también refuerzan el compromiso de erradicar las desapariciones forzadas, haciendo justicia para las víctimas y sus familias.
Fuente: Tribuna del Yaqui
