Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 9 de abril de 2026, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el llamado ‘Plan B’ de la Reforma Electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras una discusión prolongada y confrontaciones entre oficialismo y oposición, el dictamen fue turnado a los congresos estatales y al de la Ciudad de México (CDMX) para su eventual validación constitucional.

En la votación en lo general, el proyecto obtuvo 377 votos a favor, 102 en contra y sin abstenciones, con el respaldo del oficialismo y Movimiento Ciudadano (MC). Sin embargo, en lo particular, aprobado alrededor de las 02:30 horas, tiempo del centro de México, se registraron 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, mientras que el partido naranja votó en contra en esta fase.

Aprueban Plan B de Reforma Electoral

El dictamen ya había sido aprobado previamente en el Senado el pasado 26 de marzo, aunque con modificaciones, entre ellas la eliminación de los cambios a la consulta de revocación de mandato, la cual se mantiene programada para 2028 y no para 2027.

Con su aval en San Lázaro, la reforma fue enviada a las legislaturas locales, donde deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales para alcanzar la declaratoria de constitucionalidad.

Así fue la discusión

El debate se extendió por más de 13 horas y estuvo marcado por un tono ríspido entre las distintas fuerzas políticas. Desde el oficialismo, se defendió la reforma como un paso para reducir privilegios y promover la austeridad en los órganos de gobierno. En contraste, legisladores de oposición cuestionaron tanto el proceso como el fondo de la reforma.

El panista Germán Martínez Cázares lanzó críticas directas durante la sesión, mientras que la diputada del PAN, Laura Cristina Márquez, señaló que el proyecto no surge del consenso ni atiende problemas estructurales. Por su parte, la priista Abigail Arredondo advirtió que la reforma podría derivar en un modelo que centralice decisiones.

Desde MC, la diputada Patricia Flores reconoció algunos avances en materia de austeridad, aunque consideró que la propuesta es incompleta al no abordar aspectos de fondo del sistema electoral.

Los cambios que propone el Plan B

La reforma contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Carta Magna, con ajustes en la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales, así como en las condiciones de los funcionarios electorales.

En el ámbito municipal, se establece que cada ayuntamiento estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género e igualdad sustantiva.

Para los congresos locales, se fija un límite presupuestal que no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal. Además, se determina que consejeros y magistrados electorales no podrán percibir salarios superiores al de la presidenta de México ni acceder a prestaciones adicionales financiadas con recursos públicos, como seguros médicos o pensiones privadas.

El proyecto también incluye disposiciones transitorias que contemplan la implementación gradual de los cambios, la armonización legislativa a más tardar el 30 de mayo de 2026 y la reasignación de ahorros hacia infraestructura y programas sociales. Asimismo, se plantea una reducción progresiva del presupuesto del Senado durante cuatro años, con el objetivo de disminuirlo en 15 por ciento en términos reales.

¿Qué sigue tras su aprobación?

Para que la reforma entre en vigor, será necesario que al menos 17 congresos estatales avalen el dictamen. Una vez cumplido este requisito, se podrá emitir la declaratoria de constitucionalidad y proceder a su implementación conforme a los plazos establecidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui