Sinaloa.- La Fiscalía de Sinaloa reafirmó el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso legal tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios estatales. La dependencia local enfatizó que cualquier procedimiento legal debe apegarse a los marcos constitucionales y convencionales de protección de derechos.
El pronunciamiento de la Fiscalía se produce después de que organismos estadounidenses presentaran acusaciones contra integrantes de la administración estatal. La reafirmación del debido proceso constituye una respuesta institucional que subraya los principios fundamentales del sistema legal mexicano, independientemente de la naturaleza de las imputaciones.
¿Qué establece el debido proceso en casos de este tipo?
El debido proceso garantiza que toda persona acusada tiene derecho a una defensa adecuada, acceso a información sobre los cargos en su contra, y la oportunidad de impugnar las acusaciones ante autoridades competentes. Este principio forma parte de convenciones internacionales que México ha suscrito y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La presunción de inocencia permanece vigente hasta que una sentencia condenatoria firme lo declare culpable.
En casos de extradición o cooperación internacional, el ordenamiento jurídico mexicano establece protocolos específicos que respetan los derechos fundamentales de los imputados. Las autoridades nacionales deben verificar que cualquier procedimiento cumpla con los estándares establecidos por la ley y los tratados internacionales. La Fiscalía de Sinaloa subraya que estos principios no pueden ignorarse bajo ninguna circunstancia.
¿Cuál es la postura de las autoridades estatales frente a las acusaciones?
Las autoridades sinaloenses mantienen que los funcionarios acusados tienen derecho a ejercer todas las defensas legales disponibles conforme a los ordenamientos vigentes. La reafirmación institucional de la Fiscalía refleja el compromiso con el estado de derecho, independientemente de cualquier presión externa o interna. Cada caso debe tramitarse conforme a los procedimientos establecidos y sin prejuzgamientos.
La posición de la dependencia fiscal sinaloense se alinea con los principios fundamentales de cualquier sistema judicial democrático. Los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, están sujetos a la ley, pero también tienen protegidos sus derechos constitucionales hasta que una sentencia los declare culpables. Esta garantía es aplicable en cualquier jurisdicción que respete el estado de derecho.
Los procedimientos legales que pudieran derivar de las acusaciones estadounidenses seguirán los cauces institucionales establecidos en México. La Fiscalía de Sinaloa continúa con sus funciones ordinarias de investigación y persecución del delito conforme a su mandato constitucional. No se ha anunciado fecha para nuevos pronunciamientos sobre este asunto por parte de la dependencia.
Fuente: Tribuna del Yaqui
