Culiacán, Sinaloa.- Gerardo Mérida Sánchez, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, obtuvo un amparo que detiene, por el momento, cualquier acción orientada a su arresto o extradición. Esta medida legal surge tras los señalamientos que lo vinculan con grupos delictivos de la región.
La información salió a la luz este 6 de mayo a través de la publicación de la resolución correspondiente. El amparo fue otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, permitiendo que el exfuncionario permanezca el libertad mientras se resuelve el juicio de garantías.
La resolución emitida por la autoridad judicial establece de forma clara el alcance de esta medida de protección para Gerardo Mérida, quien renunció al cargo en 2024. El documento íntegro manifiesta lo siguiente:
Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías”.
Con este dictamen, las facultades de las agencias de seguridad para actuar en contra del exsecretario quedan limitadas temporalmente. Dicha protección se mantendrá vigente hasta el próximo 1 de junio, día establecido para el desarrollo de la audiencia donde se analizarán más elementos del caso.
¿De qué lo acusan?
Hay que señalar que el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió una acusación donde el ahora amparado figura como sospechoso de participar en un grupo dedicado al narcotráfico. Asimismo, se le atribuye la posesión de armamento pesado y artefactos con capacidad destructiva, así como la planificación para mantener este tipo de dispositivos bajo su control.
Las leyes del país vecino señalan que, de ser encontrado culpable de estos cargos, el hombre enfrentaría una sanción penal mínima de 40 años de prisión, con la posibilidad de una sentencia de cadena perpetua según la gravedad de los hechos.
Fuente: Tribuna del Yaqui
