Ciudad de México.- No existe investigación formal contra Javier Rocha Moya, exgobernador de Sonora, mientras avanza un procedimiento de desafuero contra Maru Campos, exgobernadora de Chihuahua, según reportes sobre el seguimiento de ambos casos en la administración actual.
Rocha Moya permaneció fuera del radar legal tras su salida del cargo en 2021, sin que se iniciaran procesos penales en su contra a pesar de las acusaciones públicas sobre su gestión.
La ausencia de investigación contrasta con los trámites legislativos que enfrenta Campos en el Congreso de Chihuahua desde su salida de la gubernatura.
Maru Campos, quien gobernó Chihuahua entre 2021 y 2026 por el Partido Acción Nacional, afronta el proceso de desafuero impulsado por diputados locales. El procedimiento busca remover su fuero constitucional para que pueda ser procesada penalmente por supuestas irregularidades en su administración.
¿Cuál es la diferencia entre ambos casos?
El exgobernador sonorense no ha enfrentado ninguna acción judicial coordinada a nivel federal o estatal que haya trascendido públicamente. Su situación contrasta con la de Campos, quien enfrenta acciones concretas del Poder Legislativo chihuahuense con fechas definidas para las sesiones de desafuero.
Las investigaciones contra funcionarios públicos en México varían según los estados y las prioridades de las administraciones locales. Algunos casos avanzan rápidamente mientras otros permanecen sin movimiento procesal visible durante años después de que los funcionarios dejan el poder.
¿Qué significa el desafuero en el caso de Maru Campos?
El desafuero es un procedimiento legislativo mediante el cual se retira la inmunidad constitucional de un funcionario público o exfuncionario para que pueda ser enjuiciado criminalmente. En el caso de Campos, este trámite permite que la justicia penal avance sobre acusaciones de corrupción o malversación de fondos públicos.
El Congreso de Chihuahua tiene competencia para aprobar o rechazar el desafuero de la exgobernadora. La votación requiere una mayoría calificada de diputados locales para avanzar con el procedimiento legal que posibilite acciones penales contra ella en tribunales ordinarios.
La coexistencia de casos sin investigación formal y casos con avances legislativos muestra la disparidad en el tratamiento legal de exfuncionarios en diferentes estados de la República.
Rocha Moya permanece sin procesos visibles, mientras Campos enfrenta trámites parlamentarios concretos en Chihuahua.
Fuente: Tribuna del Yaqui
