Washington, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a fiscales federales estadounidenses intensificar acusaciones contra funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico y ampliar cargos por terrorismo, según informó The New York Times el jueves.
La orden presidencial busca expandir los delitos imputables a servidores públicos mexicanos más allá del tráfico de drogas convencional. Los fiscales recibieron instrucciones de utilizar leyes antiterroristas para procesar a estos funcionarios, ampliando el arsenal legal disponible en tribunales estadounidenses.
The New York Times no especificó en su reportaje los nombres de los funcionarios mexicanos que serían objetivo de estas investigaciones. Tampoco detalló el número de casos que ya habrían iniciado bajo esta nueva estrategia prosecutoria.
¿Cuáles son los antecedentes de las relaciones judiciales entre México y Estados Unidos?
Las relaciones entre ambos países en materia de justicia penal han incluido históricamente persecuciones contra narcotraficantes y funcionarios acusados de corrupción. Estados Unidos ha presentado cargos contra mexicanos en tribunales federales desde hace décadas, aunque la expansión de leyes antiterroristas representa una estrategia diferente.
Las autoridades estadounidenses han acusado previamente a funcionarios mexicanos de diversos delitos, desde lavado de dinero hasta enriquecimiento ilícito. La novedad radica en la instrucción presidencial de aplicar sistemáticamente estatutos antiterroristas a estos casos.
¿Cómo podrían afectar estos cargos adicionales a los procesos legales?
Las acusaciones por terrorismo conllevan penas más severas que los delitos convencionales de narcotráfico. Los estatutos antiterroristas permiten a fiscales argumentar que las actividades criminales tienen fines políticos o coercitivos, no únicamente lucrativos.
Los cargos adicionales multiplicarían potencialmente las sentencias y restricciones para los acusados. Un mismo hecho podría ser procesado simultáneamente como narcotráfico, corrupción y financiamiento de actividades terroristas, elevando dramáticamente los años de prisión solicitados.
The New York Times mencionó que la estrategia responde a la priorización de Trump en temas de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico. Sin embargo, el diario estadounidense no detalló si el gobierno mexicano fue notificado previamente de esta escalada prosecutoria.
El Departamento de Justicia estadounidense no emitió respuesta inmediata al reportaje publicado por The New York Times. Las oficinas de fiscales federales distribuidas en ciudades fronterizas como San Diego, El Paso y Los Ángeles serían las encargadas de ejecutar estas nuevas instrucciones presidenciales.
Fuente: Tribuna del Yaqui
