Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de Chihuahua no obedecen a intereses políticos, sino que responden a procedimientos de investigación establecidos por ley. Los funcionarios citados comparecerán ante la FGR en calidad de testigos, precisó la dependencia federal.
El vocero de Gobernación informó que la Fiscalía General de la República actúa con fundamento en la normativa jurídica vigente. Los comparecientes tendrán la oportunidad de presentar su testimonio en los términos que establece la ley procesal penal mexicana. La dependencia reafirmó que no existe motivación política en estas acciones.
Chihuahua, estado gobernado por Maru Campos Galván del Partido Acción Nacional, ha sido sujeto de investigaciones federales en materia de seguridad pública y administración. Las autoridades federales han enfatizado en múltiples ocasiones que las indagatorias se conducen conforme a estándares de legalidad.
¿Cuál es el alcance de los citatorios federales?
Los citatorios emitidos por la FGR constituyen actos de investigación que permiten a la Procuraduría recabar declaraciones de testigos en procedimientos penales. La comparecencia como testigo no implica una acusación formal ni prejuzga responsabilidad alguna. Los citados pueden comparecer acompañados de asesores jurídicos y tienen derecho a guardar silencio sobre cuestiones que pudiera incriminarlos.
La Secretaría de Gobernación subrayó que la FGR ejerce sus atribuciones dentro del marco constitucional que le corresponde. Las investigaciones federales que involucran a funcionarios públicos estatales se sujetan a protocolos específicos de coordinación entre niveles de gobierno. Estos protocolos garantizan transparencia en los procedimientos y respeto a los derechos procesales de los involucrados.
¿Qué antecedentes existen sobre investigaciones federales en la región?
En los últimos años, autoridades federales han conducido diversas investigaciones que han implicado a servidores públicos de estados norteños. Estas indagatorias han abarcado temáticas de seguridad, corrupción y uso de recursos públicos. La Fiscalía General de la República ha manifestado que sus labores se orientan exclusivamente hacia el cumplimiento de la ley penal.
Los funcionarios estatales que reciben citatorios federales son notificados formalmente y se les otorga un plazo determinado para que se presenten. En caso de inconcurrencia injustificada, la ley autoriza a las autoridades federales a tomar medidas coercitivas. Sin embargo, la práctica administrativa privilegia la comparecencia voluntaria y la colaboración institucional entre gobiernos federal y estatal.
Gobernación reiteró que México opera bajo un sistema de pesos y contrapesos donde el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República actúan de manera autónoma. Estas instituciones cuentan con facultades propias para conducir investigaciones independientemente de consideraciones políticas coyunturales. La dependencia confirmó que la FGR continuará ejerciendo sus facultades de investigación conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fuente: Tribuna del Yaqui