Lima, Perú.-El pasado jueves 19 de enero, se llevó a cabo la manifestación nacional denominada‘Toma de Lima’en la capital dePerú, evento que dejó más de50 heridosy cerca deseis muertos, cifra con la cual los decesos oficiales llegaron a un total de 59. Pese a todo lo anterior, medios locales apuntaron que la ciudadano a ha hecho el llamado am mantener la presión hasta queDina Boluarte, actual presidenta del país andino, desista al cargo y con ello, se de pie a nuevas elecciones este 2023.
Por este llamado, el pasado viernes 20 de enero se mantuvieron las manifestaciones, sucesos que ha su vez han causado un grave impacto al turismo pues en la zona arqueológica deMachu Pichuse habla de 300 turistas varados dado que las manifestaciones e incluso las actividades en Aeropuertos se ven obligadas a hacer una pausa, mientras que diversas carreteras son puntos de bloqueo que evitan la movilidad.
Tan solo el pasado viernes, se reportaron actividades en las regiones deLa LibertadyArequipa, localizadas la norte y sur de Perú respectivamente donde los contingentesbloquearon las carreterase incluso se enfrentaron a los miembros de laPolicía Nacionala quienes les lanzaron piedras, evento que llevó a frenar los disturbios con el uso de gas lacrimógeno dejando docenas de ciudadanos lesionados.
“La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referendo para la (Asamblea) Constituyente”, dijo Gerónimo López, líder de los movimientos en Perú.
Por el momento, las autoridades locales han confirmado que los aeropuertos deArequipayCusco, donde se encuentra Machu Pichu, una zona turística relevante del país previamente gobernado porPedro Castillo, no cuentan con operaciones, al tiempo que el sistema ferroviario, el cual servía como alternativa a este cese, también colapsó dejando a cientos de residentes y turistas varados.
Debido a estos movimientos, Dina Boluarte ha insistido en que los manifestantes serán identificados con ayuda de tecnología de reconocimiento facial, por lo que aseguró que no habría impunidad por estos hechos. Mientras el actual Gobierno se enfrenta a los ciudadanos, Pedro Castillo continúa en la cárcel y se espera que por los siguientes 18 meses la medida cautelar se mantenga igual. En tanto, su familia recibió asilo político en México, país al cual llegaron días antes de despedir al 2022.
Fuente: Tribuna
