Desde hace décadas, la garantía del derecho humano al agua se convirtió en uno de los principales retos para México. El sobrepoblamiento de las grandes ciudades, la contaminación del vital líquido y el establecimiento de políticas industriales de acaparamiento de los recursos naturales, han sido los factores principales que ponen en riesgo el ejercicio de dicho derecho.
Desde la llegada de la Cuarta Transformación ha habido un compromiso con la reivindicación del derecho al agua. Un antecedente importante fue la iniciativa de reforma constitución que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, para prohíbir las concesiones hídricas en zonas con baja disponibilidad de agua; la cual se convirtió en una propuesta de campaña electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y de quienes la acompañamos buscando asumir una responsabilidad legislativa.
En este sentido, la presidenta de la República presentó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, cuyo objetivo es garantizar el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente, asegurar la sostenibilidad de los recursos y fomentar un manejo adecuado y responsable del agua en todos sus usos. Las acciones estratégicas plantean los siguientes compromisos:
- Ordenamiento de las concesiones de agua para evitar la sobreexplotación y el acaparamiento.
- Programa Nacional de Tecnificación para el uso más eficiente del agua en el campo y el aumento de la producción de alimentos.
- Plan maestro de infraestructura en coordinación con estados y municipios, que incluye 16 proyectos estratégicos de agua potable.
- Saneamiento de ríos, priorizando los más contaminados.
- Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, donde los distritos y unidades de riego y el sector industrial se comprometieron a devolver más de 2 mil 500 millones de m3 de agua para consumo humano en las zonas de mayor estrés hídrico (DOF: 19/12/2024).
Luego de un diálogo en parlamento abierto con los sectores involucrados, en el Congreso de la Unión aprobamos una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas (DOF: 11/12/2025), a fin de recuperar la rectoría del Estado sobre la gestión hídrica bajo un principio clave: el agua no es una mercancía, sino un bien público y un derecho fundamental para el desarrollo de la vida.
En el marco del Plan Nacional Hídrico, este martes asistí al evento de presentación del Plan Integral Agua para Sonora, que fue convocado por la Comisión Nacional del Agua, a través del Organismo de Cuenca Noroeste, y el Gobierno de Sonora. La inversión pública para este plan ascenderá a 12 mil millones de pesos, que incluye el desarrollo de proyectos de infraestructura, saneamiento y tecnificación agrícola.
Entre los proyectos se encuentra la rehabilitación de la presa El Molinito, la continuación del acueducto y la modernización de la planta potabilizadora para asegurar el abasto en Hermosillo; la presa Centenario en Nacozari; el rescate del río Mayo a través de plantas de tratamiento y encauzamiento; el encauzamiento del río Mátape y la construcción de la presa Cerro Colorado en Empalme; así como la instalación de nuevas plantas de tratamiento y sistemas de saneamiento en Guaymas, Nogales y Puerto Peñasco.
Un dato adicional a los factores que vulneran el acceso al recurso hídrico potable en Sonora, es que 29 por ciento del agua superficial se ubica en la zona norte del país y 71 por ciento se encuentra en la zona centro y sur. Para el gobernador Alfonso Durazo es una prioridad que todas las familias sonorenses gocen del abasto de agua en sus casas a largo plazo; por ello, su contribución a esta política pública nacional es el Plan Hídrico Sonora 2023-2053.
Agua para Sonora, agua para todas y todos.
Lorenia Iveth Valles Sampedro
Senadora de la República
