Ciudad de México.- Grandes empresas y entidades han advertido que la reforma alPoder Judicial, promovida por el presidenteAndrés Manuel López Obradorcomo parte de su Plan C, representa un “alto riesgo”, ya que podría tener importantesconsecuenciaspara el funcionamiento de la democracia y afectar negativamente el clima de inversiones enMéxico.
Unas 60 organizaciones civiles son las que han expresado su preocupación, señalando que la reforma, que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros de laSuprema Corte, aprobada el 4 de septiembre por laCámara de Diputados, incrementaría la influencia política en los nombramientos judiciales, debilitando así la independencia del poder judicial en el país.
La iniciativa aún requiere ser votada y aprobada por el Senado, lo que podría ocurrir la próxima semana. El mayor riesgo que los analistas señalan sobre la reforma al Poder Judicial es que la elección de jueces y magistrados porvoto popularpodría llevar a que los candidatos caigan bajo la influencia de grupos políticos, lo que haría que las decisiones judiciales respondan más a la popularidad que a los principios de justicia.
Asimismo, la reforma podría deshacer los avances en la independencia judicial, ya que el voto popular comprometería su lealtad a la ley en favor de las expectativas de los votantes y pondría en peligro la calidad de la justicia. Por eso los analistas enfatizan la importancia de mantener altos estándares éticos en el Poder Judicial para evitar retrasos innecesarios en los procesos legales.
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Además, la elección popular sería inviable ycostosa, ya que a nivel estatal, el gasto promedio sería de 1.5 mil millones de pesos debido a la impresión de millones de boletas para los jueces locales. Por su parte, elBank of Americaha identificado riesgos específicos que podrían comprometer laestabilidad económicade México, tales como reformas polémicas como la eliminación de la prisión preventiva y la desaparición de órganos autónomos, lo que podría violar acuerdos internacionales y el propio Tratado México-EU-Canadá (T-MEC).
Por ello, lasONGinstaron a las autoridades mexicanas, especialmente al Senado, a evaluar con cuidado la propuesta y sus efectos en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tomando en cuenta las advertencias de organismos internacionales de derechos humanos.
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Fuente: Tribuna
