San José del Río, Estado de México.-La ola de inseguridad que vive elEstado de Méxicocontinúa, es el caso del municipio deSan José del Río, donde los habitantes incendiaron una supuesta casa de la presidenta municipal, además del módulo de policía, esto a manera de protesta por los altos índices derobosyextorsiones, los pobladores detallan que lasautoridadeshacen caso omiso a sus denuncias, razón por la cual decidieron implementar esta acción.
Es por ello que, en los últimos días, los problemas de inseguridad en San José del Río han provocado que la actividadcomercialen distintos puntos de la localidad se encuentre muerta, ante esto, la entrada almunicipioes la única que presenta una actividad ligeramente normal, ya que en diversos puntos de la zona centro se puede observar localescomercialescerrados. Esto a raíz del incremento derobosyextorsiones.
“Si hay muchos negocios cerrados, solo es la avenida principal donde los negocios funcionan de forma normal, pero los demás a metros del centro lucen con la cortina abajo”, detallan los comerciantes.
Al mismo tiempo agregaron que algunas cuadras del centro del municipio se encuentra unaplaza comercial; sin embargo, tras el mismofenómenohoy en día se encuentra en elabandonototal. Ya que existe el miedo de que suceda unadesgracia, detallaron que el inmueble lleva mucho tiempoabandonado, puesto que, según ellos, no existen las condiciones para que la actividad comercial se recupere de alguna manera. Hay que recordar que los temas de inseguridad han llevado a los habitantes del municipio a realizar una manifestación el pasado domingo sobre la carretera ElOro-Villa Victoria.
Es importante señalar que tras lamovilizaciónse realizaron destrozos en el módulo de policía de la carretera, también se le prendió fuego al mismo inmueble, así como a la casa de la presidenta municipal. Todo ello fue calificado por las autoridades como actos de vandalismo, así se detalló en la cuenta oficial deFacebookdel municipio. Esto se deriva de las denuncias de los pobladores sobre la existencia de un grupo criminal que les exige el llamado derecho de piso para poder trabajar.
En ese sentido, los pobladores también mencionan que las mismas autoridades podrían estar involucradas en estas extorsiones. Además, se señaló aArturo Roldán, titular deSeguridad Públicadel municipio, como uno de los funcionarios que presuntamente estarían coludidos con el crimen organizado para realizar estas acciones en contra de la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno municipal aseguró que está a favor de lalibertadde expresión siempre y cuando se respeten las leyes.
Fuente: Tribuna
