Ciudad Juárez, Chihuahua.-Este domingo 30 de abril, un juez vinculó a proceso aFrancisco Garduño, titular delInstituto Nacional de Migración(INM), por el delito de ejercicio indebido del servicio público, luego de unincendioen la estación migratoria deCiudad Juárez,Chihuahuaque dejó hasta ahora un total de 40 personas fallecida. Si bien el juez no le dio prisión preventiva, Garduño deberá acudir a firmar cada 15 días.
El servidor público había recibido, desde el 25 de marzo de 2023, la medida cautelar de firma periódica los martes, esto por el incendio en la estación provisional del INM en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados. Mientras que hace 2 semanas laFiscalía General de la República(FGR) detuvo a cuatro funcionarios vinculados con el incidente, los cuales están identificados como:
Salvador González Guerrero, titular del INM en Ciudad Juárez;Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales del INM;Juan Carlos Meza Cumplido,coordinador del Grupo Beta Protección Migrante, y la agente migratoriaCecilia Rivera Tena.
Por otro lado, el secretario de gobernación,Adán Augusto López, había dicho hace 4 días que a Garduño no le “quita el tiempo ni distrae” de sus funciones el proceso penal en su contra por la muerte de los migrantes.
uD83DuDEA8#ÚltimaHoraVinculan a proceso a Francisco Garduño, comisionado del@INAMI_mx, por ejercicio indebido del servicio público, tras el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes en Ciudad de Juárez, Chihuahua
Seguirá en libertad, con medida cautelar de acudir a firmar cada…pic.twitter.com/imZpsGd5KE
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin)May 1, 2023
De acuerdo a la FGR, los directivos señalados incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones devigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.
En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y al propio INM, la dependencia señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
Además, dice la FGR, omitieron el cumplimiento de sus obligaciones decapacitación, control ysupervisiónque eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Fuente: Tribuna
