Toluca, Estado de México.- El caso de César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, presenta un nuevo capítulo tras la resolución de un juzgado federal. Este día se reveló que un juez otorgó la medida de suspensión definitiva en relación con la prisión preventiva que pesa sobre él. Este fallo se relaciona con el proceso que enfrenta por su presunta responsabilidad en conductas calificadas como abuso de confianza.
No obstante, es importante señalar que esta disposición judicial no significa que el procesado obtendrá su libertad ni que abandonará las instalaciones del centro penitenciario de seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Esta decisión fue emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal. El camino procesal para llegar a este punto tuvo diversos matices.
Antes de que el caso llegara a este escritorio, el juez primero de Distrito en Materia Penal, Alejandro Latorre Lozano, manifestó que no poseía las facultades competentes para resolver la situación. Cabe recordar que, a inicios de este año, en enero, Duarte ya había obtenido un amparo provisional contra su vinculación a proceso. Los registros del juzgado señalan con claridad el alcance de dichas medidas:
Se concede la suspensión provisional a CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, para que la autoridad jurisdiccional de control, una vez concluida la etapa intermedia, suspenda el procedimiento en lo que corresponda a este, hasta en tanto se notifique a la responsable la interlocutoria que se emita respecto de la suspensión definitiva. Es decir, la suspensión provisional concedida en modo alguno implica la libertad del directo quejoso”.
Con este texto, se aclara que el camino judicial se detiene en un punto medio, pero el implicado continuará en prisión. Este asunto se remonta al año pasado, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura del exgobernador el 8 de diciembre. En ese momento, la dependencia que dirigía Ernestina Godoy señaló que el arresto respondía a la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Días más tarde, para el 14 de diciembre, las autoridades judiciales decidieron vincularlo a proceso por un monto que asciende a los 73 millones de pesos. En aquel momento, se reportó que el Ministerio Público Federal aportó pruebas necesarias para que un juez impusiera prisión preventiva. Las líneas de investigación sugieren que el exmandatario participó en una estrategia donde se simulaba la entrega de apoyos al sector ganadero.
Según las indagatorias, estos fondos públicos terminaban en cuentas de empresas donde el propio César Duarte aparecía como socio mayoritario. Actualmente, el proceso continúa su curso, mientras la defensa busca agotar los recursos legales disponibles y la autoridad ministerial sostiene las acusaciones por el manejo de los fondos estatales.
Fuente: Tribuna del Yaqui
