Manzanillo, Colima.- Ocho elemento de la corporación de seguridad ciudadana en Manzanillo, Colima, fueron capturados tras comprobarse su relación con un grupo delictivo que opera en la zona. Esta acción se realizó por medio de un despliegue donde participaron agentes del estado y fuerzas federales, tras detectarse que los uniformados daban información a una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La orden judicial que permitió estas capturas se emitió bajo los delitos de uso indebido de información y asociación para delinquir. Este mandato legal surgió a raíz de tareas de inteligencia que rastrearon las acciones de los uniformados desde finales de 2023. El análisis de las pruebas arrojó que estas personas daban apoyo a la organización criminal, dándoles ventaja en sus actividades fuera de la ley.

El fiscal del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, reveló la identidad de los arrestados en un encuentro con los medios. Los señalados son Rolando ‘N’, con 21 años de servicio; Nora Alejandra ‘N’, con 12 años; Sergio Alejandro ‘N’ y José Santos ‘N’, ambos con 17 años en la fuerza; Roberto ‘N’ y José Luis ‘N’, con 10 años; Martín Gerardo ‘N’, con 8 años, y Miguel Ángel ‘N’, quien sumaba 25 años de trayectoria.

Las labores de vigilancia permitieron hallar una plataforma de mensajería llamada Threema. Este sistema de comunicación, caracterizado por su alto nivel de cifrado, era el medio que usaban los agentes para avisar sobre puntos de revisión, órdenes de captura y reportes generados por el centro de vigilancia C5i. Al compartir estos datos, el grupo delincuencial lograba evadir las acciones de la justicia y conocer los movimientos de las patrullas en tiempo real.

Los datos compartidos por los agentes solo podían provenir de fuentes internas de las instituciones de seguridad, lo cual permitió confirmar la filtración desde dentro de la Policía Municipal. La presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, expresó que este grupo de personas faltó a la confianza de la ciudadanía y sostuvo que colaborar con quienes buscan alterar la tranquilidad de la región es un acto que debe castigarse.

Asimismo, dijo que los arrestos representan un ejemplo de que las leyes se aplican y que las acciones contra la paz social traen consecuencias para quienes las cometen, sin importar que pertenezcan a las filas de la autoridad. El proceso legal ahora queda en manos de los jueces para dictar las sanciones que correspondan según las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Se espera que el proceso judicial continúe su curso para deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui