Ciudad de México.- Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, identificado como un alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), logró un recurso legal para frenar su extradición a Estados Unidos. La jueza Azucena Lazalde Íñiguez le otorgó este amparo tras su detención en Nayarit y posterior traslado al penal de ‘El Altiplano’. El arresto ocurrió el pasado 27 de abril mediante un despliegue donde participaron elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Pública.
Aunque ‘El Jardinero’ enfrenta cargos en territorio nacional por violaciones a la ley de armas, el mandato judicial impide que lo envíen al extranjero mientras se resuelve el fondo del juicio. La jueza Azucena Lazalde consideró que enviarlo al país vecino sin una sentencia firme podría causar afectaciones irreparables, protegiendo así sus derechos humanos fundamentales.
Tras su captura en el estado de Nayarit, el señalado permaneció un tiempo en las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad de México antes de ingresar al centro federal de Almoloya de Juárez ‘El Altiplano’. Su equipo legal promovió el amparo argumentando que existía una orden emitida fuera de los procedimientos establecidos y que el detenido permanecía aislado de sus abogados. Debido a esto, la jueza ordenó que termine el aislamiento y se le permita ver a sus familiares.
¿Cuándo seguirá su proceso?
El proceso penal que enfrenta en México sigue su curso y el lunes 4 de mayo se definirá si el juez lo vincula a proceso por los cargos que se le imputan en el país. La medida otorgada por Lazalde Íñiguez frena cualquier intento de mandarlo al país vecino por acusaciones vinculadas al narcotráfico. La resolución establece que el imputado debe quedar bajo el resguardo del juzgado de amparo para vigilar su situación jurídica.
El procesado pasó 48 horas en la sede de la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), situada en la colonia Guerrero, antes de ser enviado a la prisión de máxima seguridad. Durante este periodo, su defensa insistió en que se vulneraron garantías básicas de comunicación. La audiencia donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva se efectuó por medio de videollamada. En ese espacio no hubo presencia de periodistas ni público externo.
El Ministerio Público sostiene que el sujeto rompió leyes de control de armamento, lo cual fundamentó su aprehensión original. Mientras tanto, el gobierno estadounidense mantiene su interés en juzgarlo, pero la orden de la jueza bloquea ese camino por ahora. La juzgadora enfatizó que la comunicación con sus abogados es un derecho que debe garantizarse en todo momento para asegurar una defensa adecuada.
Fuente: Tribuna del Yaqui
