Ciudad Obregón, Sonora.-La noche del domingo en la coloniaCajeme, un comando armado secuestró a un menor de 16 años frente afamiliaresyvecinos. Enagosto, en el mismo sector, dos jóvenes de 17 años fueronacribillados.

En mayo, cinco menores ente los 12 y los 17 años fueron detenidos por portación de armas y drogas. En diciembre del año pasado cinco cuerpos calcinados fueron encontrados enCócorit: tres tenían menos de 18.

Y la lista podría seguir. En Cajeme, como en todo México, los menores de edad aparecen cada vez más involucrados con el crimen organizado, que cuenta ya con sofisticados mecanismos para reclutarlos sin el menor escrúpulo.

Es común conocer testimonios de vecinos de colonias populares en Ciudad Obregón, que narran cómo cada vez más preadolescentes están dentro de las filas del crimen organizado, ya sea en labores de ‘halconeo’ como en venta de drogas e incluso en el sicariato.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), los casos de reclutamiento del narcotráfico hacia menores de edad han crecido exponencialmente.

En la última década los casos de explotación infantil mediante el reclutamiento de los cárteles aumentaron hasta convertirse en una tendencia dentro del crimen, que encontró una veta para incrementar sus filas”, explica Mario Cordero, investigador de la UNODC.

  • Enganche juvenil

Las investigaciones refieren que la edad promedio para que el crimen ‘enganche’ a un menor está entre los 12 y los 15 años, una etapa en donde son fácilmente moldeables y presas de la barbarie.

Para la ONG Reinserta, esto ocurre cotidianamente en comunidades con una alta presencia del crimen organizado, sobre todo en sectores populares o con altos niveles de marginación, pues a los grupos criminales les permite mostrarse como protectores o beneficiarios de la comunidad.

Lo anterior representa un riesgo importante para este sector, pues facilita la operación de estos grupos en sus comunidades, normaliza su actividad y propicia el reclutamiento de esta población al representar una fuerza de trabajo de escaso riesgo para estos grupos criminales”, se lee en el diagnóstico.

Cabe recordar que los datos recabados por la consultora AC en su Informe de Presencia del Crimen Organizado detallan que seis de cada diez municipios reportan presencia del crimen organizado, así como que el 40% de la población ha identificado a los cárteles operando en sus comunidades o colonias.

La misma organización civil contabilizó a unos 30 mil niños y adolescentes que fueron reclutados por el crimen organizado en 2019, cuando se realizó el último estudio.

  • Sin políticas

Pese a la crítica situación, el gobierno federal no ha instaurado políticas públicas en pro de frenar el uso de menores en el crimen organizado, mientras los legisladores han evadido modificar leyes que castiguen el delito de formas más precisa y directa.

Si bien el presidente López Obrador refiere constantemente que en su mandato “se atacan las causas” que generan la violencia, para los expertos esta es una verdad a medias, ya que se carece de focalización.

De acuerdo con Juan Martín, de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, hay al menos 250 mil menores susceptibles a ser captados por el crimen organizado, con lo que se estima que entre 30 y 40 mil acaban en sus garras anualmente.

  • Un drama

De 2006 a marzo de este año 10 mil 348 menores de edad han sido detenidos por fuerzas federales, lo que hace un promedio de dos al día; la cifra por sí sola explica la enorme problemática que día a día nace y muere en las calles de México junto a esos muchachos.

La pobreza y la falta de oportunidades son lo que arroja a los menores a ser reclutados y utilizados; además hay que considerar los entornos de violencia en el que suelen vivir; a esto se le suma la militarización del país, el abandono del Estado y la eliminación de programas de atención a la niñez”, explica Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Y el problema de este abandono no parece tener tintes de resolverse, pues el gobierno federal no se plantea hacer grandes cambios pese a la situación.

En pocas palabras, el Estado no está presente en la vida de este grupo de población, lo que constituye un factor de riesgo estructural; la situación empeora, porque cada vez personas más jóvenes quedan fuera del control estatal, que les pierde a manos del crimen”, explica Mónica González, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por eso, es fundamental tener un marco normativo robusto que permita tratar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas cuando son reclutados por la delincuencia organizada y, en caso de que hayan cometido algún delito, juzgarlos también desde esa perspectiva. Esta doble dimensión es muy relevante”, sentenció la académica.

Fuente: Tribuna