Ciudad de México.- Héctor Luis Palma Salazar, alias ‘El Güero’ Palma, recibirá asistencia médica en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano. Esta decisión surge tras la orden de un juez federal, quien respondió a las quejas del interno sobre el descuido de su estado físico por parte de quienes dirigen el reclusorio. Según los datos del expediente, el cofundador del Cártel de Sinaloa buscó ayuda desde el 13 de abril, sin obtener respuesta de las autoridades hasta este momento.

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez resolvió que la administración de la cárcel tiene el deber de entregar los servicios de salud, los procedimientos necesarios y las medicinas que el interno requiera de acuerdo con sus antecedentes médicos. Palma Salazar detalló en su petición que sufre de tres hernias en los discos de la columna, afectaciones en el nervio ciático, insomnio y fuertes dolores en el tórax y la espalda. Un punto importante expuesto por sus defensores es un diagnóstico de cáncer de piel.

El interno requiere una evaluación anual fuera de las instalaciones carcelarias para vigilar este padecimiento, no obstante, los reportes indican que no ha tenido acceso a dicho examen en los últimos 2 años. Ante el desamparo denunciado, el juzgador determinó que el penal debe actuar pronto para asegurar el bienestar del solicitante. A pesar de que en mayo de 2023 se dictó su absolución por el cargo de delincuencia organizada, Palma Salazar sigue recluido.

El motivo de su permanencia en El Altiplano es un proceso abierto por el delito de homicidio calificado, vinculado al fallecimiento de Pablo de Tavira. Su estancia en este centro ha estado marcada por constantes recursos legales ante los tribunales. En marzo del presente año, el interno impulsó otra demanda donde acusó estar incomunicado y sufrir tratos inhumanos, como el aislamiento forzado y afectaciones psicológicas. En ese momento, un tribunal ordenó al director del recinto detener dichas acciones.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de México aceptó el recurso y otorgó una medida para detener los actos señalados por los abogados del detenido. Esta resolución judicial deja en claro la obligación del sistema penitenciario de respetar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, asegurando que el castigo penal no implique la negación de la salud o el trato digno.

Fuente: Tribuna del Yaqui