Ciudad de México.-Durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de este jueves 30 de abril la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,  declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) procederá legalmente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, únicamente si recibe pruebas “contundentes e irrefutables” por parte de autoridades de Estados Unidos (EU) o si en su propia investigación encuentra elementos suficientes para acreditar un delito.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano emitió un comunicado en el que dejó claro que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario, en el contexto de las acusaciones contra Rocha Moya. No obstante, subrayó que, en caso de no existir evidencia sólida, las acusaciones podrían tener un trasfondo político. En ese sentido, enfatizó que México no permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en decisiones que corresponden exclusivamente a sus instituciones.

 

FGR analizará pruebas y definirá si procede el caso

En su comunicado, Sheinbaum Pardo explicó que el proceso inició este martes 28 de abril, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense. Un día después, el 29 de abril, dicha información fue turnada a la FGR para su análisis conforme al marco legal mexicano. La Fiscalía detalló que revisará los documentos a través de su área de asuntos internacionales para determinar si existen elementos probatorios suficientes. Además, abrió una investigación paralela para recabar información que permita establecer si las acusaciones cuentan con sustento legal.

La presidenta recordó que, de acuerdo con la legislación mexicana, cualquier orden de aprehensión requiere datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito, por lo que no basta con señalamientos sin respaldo.

Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentren elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, dijo Claudia Sheinbaum en su comunicado.

Acusaciones desde EU contra funcionarios mexicanos

El caso se deriva de una acusación presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, específicamente por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos. Las imputaciones incluyen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como delitos relacionados con narcotráfico, armas y protección a integrantes de este grupo criminal, particularmente a la facción conocida como ‘Los Chapitos’.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían colaborado en la importación de sustancias como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia ese país. También se les señala de proporcionar información confidencial, permitir actos de violencia, incluidos asesinatos, y recibir pagos a cambio de su colaboración. Entre los implicados se encuentran funcionarios de alto nivel en Sinaloa, integrantes de corporaciones de seguridad y el alcalde de Culiacán.

Gobierno de México fija postura sobre soberanía

Ante este escenario, Sheinbaum reiteró que su gobierno actuará conforme a la Constitución y las leyes mexicanas. Insistió en que la relación con otros países debe ser de igualdad y no de subordinación.

Finalmente, sostuvo que la postura oficial se basa en tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía. En ese marco, la FGR será la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder contra Rocha Moya dentro de la jurisdicción nacional.

Lo he dicho, siempre de forma clara, y hemos actuado y consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie, que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia, es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo, vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, concluyó el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia ‘Mañanera del Pueblo’