Ciudad de México.- Este lunes 18 de mayo de 2026, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para mover la próxima elección del Poder Judicial de 2027 a 2028. La propuesta busca reducir costos electorales, evitar complicaciones logísticas para el Instituto Nacional Electoral (INE) y corregir fallas detectadas en el modelo aplicado tras la reforma judicial.
Durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que uno de los principales problemas sería realizar en 2027 las elecciones judiciales junto con los comicios para gubernaturas, alcaldías y congresos locales, lo que obligaría a organizar procesos separados el mismo día.
La iniciativa también contempla nuevas reglas para la selección de candidatos, simplificación de boletas y capacitación obligatoria para jueces y magistrados.
¿Por qué Sheinbaum quiere mover la elección judicial a 2028?
El Gobierno Federal argumenta que realizar la elección judicial en 2027 elevaría significativamente los costos y complicaría la operación electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). Según explicó Sheinbaum, el INE tendría que instalar casillas diferenciadas y coordinar dos procesos simultáneos: uno para cargos políticos y otro exclusivamente para el Poder Judicial.
Además, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados consideran que el aplazamiento permitirá corregir problemas detectados en la primera elección judicial realizada en 2025, entre ellos la baja participación ciudadana, la complejidad de las boletas y cuestionamientos sobre algunos perfiles postulados.
La propuesta plantea recorrer oficialmente la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028.
¿Qué cargos judiciales se renovarían en 2028?
La elección judicial prevista para 2028 incluiría la renovación de diversos cargos federales y estatales relacionados con el sistema de justicia mexicano. Entre ellos destacan cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito.
También se renovarían 424 magistrados locales y 2 mil 831 jueces estatales en 25 entidades del país.
La reforma establece además que futuras elecciones judiciales coincidan con procesos ordinarios en años como 2030, 2033 y 2036.
¿Qué cambios propone la reforma para elegir candidatos judiciales?
Uno de los cambios centrales de la iniciativa es la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios y metodologías de evaluación entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes. Este órgano tendría facultades para verificar requisitos de elegibilidad, aplicar exámenes de conocimientos y establecer criterios uniformes para evaluar a los aspirantes.
La propuesta también busca reducir el número de candidaturas para simplificar la votación. Los Comités seleccionarían a las cuatro personas mejor calificadas por cargo y posteriormente se realizaría una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas por puesto y especialidad.
La reforma plantea reducir candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 81 a 54 aspirantes.
¿Cómo cambiarían las boletas de la elección judicial?
La iniciativa propone simplificar las boletas electorales para facilitar la participación ciudadana y disminuir la complejidad del proceso. Cada ciudadano votaría por un juez y un magistrado de cada especialidad entre las candidaturas postuladas por los tres Poderes. Las boletas también indicarían claramente qué Poder respaldó a cada aspirante y distinguirían a quienes busquen reelegirse. Para implementar este esquema, el INE tendría que dividir el territorio nacional en distritos judiciales específicos.
Además, la propuesta permitiría que elecciones judiciales y procesos ordinarios se realicen en la misma ubicación física, aunque sin participación de representantes partidistas.
¿Qué otras reglas nuevas incluye la iniciativa?
La reforma contempla capacitación y actualización permanente para jueces y magistrados mediante evaluaciones coordinadas por el Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial. También establece que los Poderes Judiciales estatales deberán adoptar criterios similares a los federales, incluyendo reducción de candidaturas, evaluaciones de desempeño y procesos de insaculación.
Otro cambio relevante es que las vacantes de jueces y magistrados ya no serían ocupadas automáticamente por el segundo lugar de la elección. En caso de renuncia, muerte o destitución, el cargo permanecería vacío hasta el siguiente proceso electoral.
La propuesta también abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con una eventual consulta de revocación de mandato.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia ‘Mañanera del Pueblo’
