Pekín, China.- Este jueves China solicitó al gobierno de Estados Unidos cesar lo que describe como presión judicial contra Cuba, tras la imputación al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996. El gobierno chino calificó estas acciones como un “garrote judicial” durante comunicaciones diplomáticas oficiales. La acusación contra Castro forma parte de investigaciones sobre el incidente ocurrido hace 3 décadas en aguas del Estrecho de la Florida.
Raúl Castro, quien gobernó Cuba desde 2008 hasta 2018, fue señalado por autoridades estadounidenses en conexión con el derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate. El incidente de 1996 resultó en la muerte de cuatro personas y generó una crisis diplomática entre Washington y La Habana que se prolongó durante años. Las autoridades estadounidenses han mantenido investigaciones activas sobre este caso durante más de dos décadas.
¿Cuál es la posición de China?
El gobierno chino expresó su postura oficial de que Estados Unidos debe abandonar lo que denomina como un patrón de presión judicial dirigida contra funcionarios y ciudadanos cubanos. Pekín argumenta que estas imputaciones forman parte de una estrategia más amplia de confrontación hacia la isla caribeña. La intercesión de China deja en claro su alianza política y comercial de largo plazo con Cuba en el contexto geopolítico actual.
Funcionarios chinos indicaron que las acciones legales contra figuras del gobierno cubano no favorecen la estabilidad regional ni la resolución de conflictos históricos entre ambas naciones. China mantiene relaciones diplomáticas cercanas con Cuba desde la década de 1960 y ha incrementado su presencia económica en la isla durante los últimos años. La posición de Pekín busca contrapesar la influencia estadounidense en la región del Caribe.
¿Qué precedentes existen?
El caso de Raúl Castro se suma a una serie de procesos judiciales que Estados Unidos ha iniciado contra funcionarios cubanos en años recientes. Las autoridades estadounidenses han mantenido una política consistente de investigación y procesamiento de funcionarios involucrados en lo que califican como violaciones de derechos humanos o crímenes durante el régimen cubano. Estos procedimientos legales han sido frecuentemente objeto de crítica desde gobiernos aliados de Cuba.
La estrategia legal de Washington contra funcionarios extranjeros se ha aplicado también en casos de otros países, utilizando la jurisdicción extraterritorial basada en la presencia de ciudadanos estadounidenses en el territorio afectado o daños a ciudadanos estadounidenses. Cuba ha rechazado estas imputaciones como ejemplo de lo que considera injerencia política estadounidense disfrazada de procedimiento judicial. La respuesta internacional ha variado según las alianzas geopolíticas de cada país.
La Fiscalía estadounidense confirmó el 20 de mayo de 2026 la imputación formal contra Castro, marcando un nuevo hito en las investigaciones sobre el incidente de 1996. Expertos en derecho internacional han señalado que casos de esta naturaleza plantean interrogantes sobre la jurisdicción y la retroactividad en procesos penales internacionales. El siguiente paso en el procedimiento judicial será la notificación formal a través de canales diplomáticos, ya que Castro reside en Cuba.
Fuente: Tribuna del Yaqui