Acambay, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió que un juez diera inicio al proceso jurídico contra Juan Arturo ‘N’, Daniel ‘N’ y Cristóbal Ernesto ‘N’. Estos tres hombres son señalados por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro cometido contra dos menores de edad n el municipio de Acambay. 

Tras el análisis de los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez ordenó que los imputados permanezcan recluidos en el centro penitenciario regional. Se fijó un tiempo de 90 días para concluir las tareas de recolección de pruebas antes de dictar una sentencia definitiva sobre este caso.

¿Cómo sucedió el crimen?

Los reportes indican que los sucesos tuvieron lugar el 8 de mayo de 2026, cuando agentes de Seguridad Pública realizaban patrullajes por las calles de Acambay. Durante estas labores, las dos víctimas lograron pedir ayuda a los agentes, a quienes relataron que los ahora detenidos las privaron de su libertad momentos antes del encuentro con la Policía.

Según el testimonio de las afectadas, los hombres las obligaron a subir a un vehículo tipo sedán para trasladarlas hacia una zona boscosa de la localidad. Una vez en ese sitio apartado, Juan Arturo ‘N’, Daniel ‘N’ y Cristóbal Ernesto ‘N’ presuntamente realizaron actos de abuso contra ellas.

Ante el señalamiento directo, los integrantes de la Policía Municipal procedieron con la captura de los sospechosos. Los tres individuos fueron trasladados ante el Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Después de completar los pasos legales necesarios, los acusados fueron enviados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

En la audiencia, el juez valoró la información aportada y consideró que existen fundamentos bastantes para continuar con el juicio. Por tanto, se dictó la medida de prisión preventiva para evitar que los sujetos evadan la justicia.

El juzgado otorgó un margen de 3 meses para que las partes presenten sus argumentos finales. Esta resolución busca garantizar que el proceso transcurra con apego a las normas vigentes y proteja el bienestar de las víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM