La prosperidad compartida es el emblema del segundo piso de la Cuarta Transformación. Como principio del Plan México, se integra por dos componentes: el desarrollo económico y el bienestar social, considerando que no es suficiente con la creación de riqueza y el crecimiento de la economía nacional, es necesario que esa riqueza genere bienestar y una mejor calidad de vida para las familias.
La nueva política de infraestructura se enmarca en la visión de prosperidad compartida; es decir, el propósito de cada obra de infraestructura pública no será el lucro, sino que deberá priorizar los beneficios sociales y el desarrollo de las regiones del país. Antes, la inversión de recursos tenía como única finalidad la rentabilidad privada de las obras; ahora, se asume el bienestar con el eje transversal de las inversiones.
En este sentido, en el Senado de la República aprobamos la expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual deviene de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un nuevo sistema integral de inversión en infraestructura y regular los esquemas mixtos de financiamiento público y privado.
Entre los elementos de dicho modelo de inversión en infraestructura, se considera el establecimiento de categorías específicas de proyectos, la flexibilización de las reglas fiscales, el fortalecimiento de los compromisos plurianuales y proyecciones del gasto a cinco años, así como la priorización y protección presupuestaria de los programas sociales y los proyectos estratégicos, garantizando la transparencia y la viabilidad financiera.
La nueva ley es parte del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, el cual contempla como prioridades las inversiones en carreteras, puertos, trenes, aeropuertos, vivienda, servicios públicos (hospitales y escuelas) y conectividad, a través de 1,500 proyectos y una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos durante la actual administración.
Un punto esencial de la nueva ley es que el Estado se reserva el derecho de propiedad y rectoría de la política de infraestructura. No obstante, reconoce la importancia de las inversiones privadas en el financiamiento del desarrollo y, bajo la lógica de la prosperidad compartida, sus contribuciones a la transformación de los territorios, la reducción de brechas históricas de desigualdad social, el acceso de la población a servicios básicos y al desarrollo económico sostenible y regional.
Para ello, se creará un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, que será coordinado por la presidenta de la República y su objetivo estará dirigido a la identificación, priorización, seguimiento y evaluación de las inversiones estratégicas, a fin de contribuir a la competitividad del país, el fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleos.
La infraestructura con visión de bienestar no solo conecta las rutas del desarrollo industrial y del comercio, acorta la distancia entre las personas y el ejercicio pleno de sus derechos.
Lorenia Valles Sampedro
Senadora de la República.
